JURISDICCIÓN EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS Y APACERÍAS-Ley 83/1980 de Arrendamientos Rústicos

JURISDICCIÓN EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS Y APACERÍAS

Ley 83/1980, de 31 de Diciembre de Arrendamientos Rústicos

(DISPOSICIÓN DEROGADA)

 

Curso Gratuito de Agente Inmobiliario…

Todo lo que necesitas saber para ser como un profesional!!!!

Ir al Índice del curso

 

Artículo 121.

1. El conocimiento y resolución de los litigios que puedan suscitarse al amparo de esta Ley corresponderá a los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria.

2. Todas las atribuciones asignadas al IRYDA y a las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos en la presente Ley se entenderán siempre sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados para plantear la cuestión en vía civil ante el Juzgado correspondiente. Cuando la resolución judicial confirme el informe o determinación del IRYDA o la decisión de la Junta Arbitral se impondrán de oficio las costas al vencido.

3. Las Juntas Arbitrales, de oficio o a instancia de parte, podrán intentar la avenencia en las cuestiones relacionadas con la aplicación de esta Ley.

Este intento de avenencia previo será preceptivo para la incoación de los procedimientos que versen sobre:

a) La fijación de la renta, su actualización o su revisión.

b) La denegación de prórroga para cultivo directo del arrendador.

c) La realización de las obras a que se refiere el artículo cincuenta y dos de esta Ley.

d) La determinación de la cantidad que el arrendador haya de abonar al arrendatario por las mejoras que éste opte por dejar en la finca de acuerdo con el artículo sesenta y dos de la presente Ley.

e) La aplicación del artículo noventa y nueve del presente texto legal.

f) La conversión de la aparcería o del arrendamiento parciario en arrendamiento ordinario.

g) La liquidación y adjudicación de los frutos en el contrato de aparcería.

4. Las Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos decidirán, también como trámite previo a cualquier contienda judicial y con carácter ejecutivo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a los Tribunales de acuerdo con el apartado dos de este artículo, las cuestiones que se planteen acerca de:

a) La determinación del importe de la renta cuando las partes no lo hayan hecho constar en el contrato, así como en los arrendamientos tácitos previstos en el artículo cuarto, apartado dos, de esta Ley, y en aquellos en que el IRYDA sea arrendatario al amparo del artículo diecisiete, párrafo primero, de la presente Ley.

b) La fijación de la nueva renta en el supuesto previsto en el artículo cincuenta y ocho, apartado dos, de esta Ley.

c) El señalamiento de la cuantía en que ha de elevarse la participación del arrendatario cuando concurra el supuesto prevenido en el artículo ciento uno, apartado dos, de la presente Ley.

d) La resolución de las discrepancias que surjan entre las partes sobre el valor de las aportaciones de los aparceros y su participación en los productos.

e) La preferencia a que se refiere el artículo noventa y tres, apartado dos.

5. Cada Junta Arbitral estará constituida por un Presidente, un Secretario y por seis Vocales, tres de ellos exclusiva o predominantemente arrendadores y los otros tres exclusiva o predominantemente arrendatarios. El ámbito de la Junta Arbitral será el de las Comarcas definidas según corresponda por la Administración Central o la Autonómica.

Para cada Junta Arbitral la Administración de Agricultura correspondiente designará los funcionarios de la misma que asumirán la Presidencia y la Secretaría. El Secretario, que no tendrá veto, será Licenciado en Derecho.

Los candidatos a Vocal deberán estar en posesión de todos sus derechos civiles, ser Vocales de las Cámaras Agrarias de la comarca y residir en la misma. Serán presentados por las Organizaciones profesionales agrarias con representación en las Cámaras de la Comarca o por agrupaciones de Vocales independientes en la forma que reglamentariamente se determine.

La elección de los seis Vocales, y de cuatro suplentes, se hará por el conjunto de los Vocales de las Cámaras Agrarias de la comarca. Los Vocales serán renovados cada cuatro años, pero podrán ser presentados nuevamente para un solo nuevo período.

Las normas complementarias de funcionamiento de las Juntas Arbitrales se elaborarán, según corresponda, por el Ministerio de Agricultura, los órganos ejecutivos de las Comunidades autónomas o de las Entidades preautonómicas.

6. Las Juntas Arbitrales podrán recabar de la Administración los asesoramientos técnicos que estimen precisos para el ejercicio de sus funciones, bien por vía de informe, bien convocando a los funcionarios que hayan de prestar dicho asesoramiento para que asistan a la sesión con voz pero sin voto.

Artículo 122.

1. Cuando por razones de urgencia, o por tratarse de plazos perentorios, se presente la demanda judicial sin el previo informe del IRYDA, sin el previo intento de avenencia ante la Junta Arbitral o sin la resolución de ésta y estos trámites fuesen perceptivos de acuerdo con la presente Ley, el Juez acordará que se cumplimenten antes de dar trámite a la demanda, sin perjuicio de adoptar las medidas precautorias que procedan.

2. Será competente la Junta Arbitral de la comarca en que se encuentre la finca a que se refiera la cuestión planteada. Si la finca se encontrase en más de una comarca, la competencia de la Junta Arbitral se determinará por las mismas normas que la del Juzgado.

Artículo 123.

1. Aunque medie sumisión expresa a la jurisdicción de otro Juzgado, será competente en todo caso el que correspondiere al lugar en que se hallare la finca, entrando el asunto a turno donde hubiere varios.

2. Si por razón del lugar fueren competentes distintos Juzgados, la competencia se atribuirá al que corresponda al lugar en que se encuentra la parte principal de la finca, considerando como tal el de situación de la casa labor del arrendatario o aparcero y, en su defecto, la parte de mayor cabida.

Artículo 124.

1. La cuantía litigiosa la determinará en los arrendamientos la renta anual.

2. En las aparcerías la cuantía litigiosa vendrá dada por la valoración de la aportación del litigante, si estuviera determinada, y, en su defecto, la valoración de la participación que al mismo haya correspondido en la liquidación del año precedente, sin que existiere prueba escrita de la misma. En defecto de ello se estimará como de cuantía indeterminada.

3. Cuando el litigio verse sobre una reclamación concreta, la cuantía se determinará por el valor de lo efectivamente reclamado.

Artículo 125.

En cuanto a representación y defensa se aplicarán las disposiciones vigentes en los juicios respectivos, si bien cuando el interesado, en los casos en que la Ley le autorice, no haga uso del derecho a comparecer y defenderse por sí mismo habrá de valerse de Abogado y Procurador.

Artículo 126.

1. Tanto en los asuntos atribuidos al conocimiento del Juzgado de Distrito como en los que sean de la competencia del Juez de Primera Instancia podrá el actor acumular las acciones que le asistan contra el mismo demandado. Se exceptuarán de la norma anterior los juicios de desahucio por falta de pago y los de retracto.

2. Igualmente podrá acumular las acciones que le competan contra distintos arrendatarios o aparceros cuando unos y otros lo sean de la misma finca, salvo que la competencia corresponda a Juzgados distintos y siempre que se fundamenten en hechos comunes.

3. No obstante, unos y otros podrán litigar con representaciones y defensas diferentes.

Artículo 127.

1. Los Jueces de Distrito conocerán en primera instancia:

a) Del juicio de desahucio por falta de pago de la renta convenida en los arrendamientos o cantidades asimiladas.

b) De cuantos litigios se promuevan en ejercicio de acciones que se funden en derechos reconocidos en esta Ley, cuando la cuantía del mismo no sobrepase las cincuenta mil pesetas, sin más excepciones que las que se expresan en el número siguiente:

2. Los Jueces de Primera Instancia conocerán:

a) Del procedimiento en el que se ejerza la acción de retracto.

b) Del procedimiento para obtener la anotación de crédito refaccionario que se indica en el artículo sesenta y cuatro de esta Ley.

c) De cuantos litigios se promuevan en ejercicio de acciones que se funden en derechos reconocidos en esta Ley, cuando la cuantía del mismo sobrepase las cincuenta mil pesetas.

Artículo 128.

El juicio de desahucio solamente se podrá utilizar en el supuesto de falta de pago de la renta o cantidades asimiladas. Se sustanciará conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos mil quinientos setenta y uno y siguientes, teniendo en cuenta las reglas siguientes:

1. El demandado podrá enervar la acción si en cualquier momento anterior a ser notificado de la sentencia que no dé lugar a ulterior recurso él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición en el Juzgado el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que en dicho instante debiere.

Sólo cuando el pago o consignación se realice hasta el mismo día señalado para el juicio, y antes de su celebración, podrá éste proseguirse por las costas, y en tal caso si el demandado intentare acreditar el ofrecimiento de las rentas al actor con anterioridad a la presentación de la demanda se admitirán otras pruebas procedentes en Derecho además de las que autorizan el párrafo segundo del artículo mil quinientos setenta y nueve de la Ley Procesal Civil.

2. El demandado podrá rehabilitar de plena vigencia el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse él u otra persona en su nombre, aunque obre sin su consentimiento, paga al actor o pone a su disposición, depositándolo incluso en poder del encargado de ejecutar la diligencia, que en todo caso lo tomará y dará recibo, el importe de las cantidades que por principal debiera en dicho instante, el veinticinco por ciento del mismo y los intereses legales a contar éstos desde la fecha de la demanda, por las sumas vencidas y, desde el día en que el pago debió hacerse, por las pendientes.

En tales casos se suspenderá el lanzamiento y, de haberse hecho cargo el Juzgado de las sumas pagadas por el demandado, requerirá al actor para que dentro del quinto día las reciba, procediendo a ingresarlas en el establecimiento correspondiente si transcurrido dicho plazo no lo hace.

Dentro de los diez días siguientes podrá el demandante pedir que, de cuenta del demandado, se tasen las costas y gastos legítimos que con ocasión del juicio hubiere realizado. Practicada la tasación, de resultar su importe igual o superior al veinticinco por ciento depositado por el demandado, se entregará al demandante; mas si fuere inferior, se reintegrará al demandado la diferencia, archivándose sin más las actuaciones, tanto en unos como en otros casos, sin perjuicio del derecho del actor a reclamar la diferencia ejercitando la oportuna acción personal.

Cuando el actor deje transcurrir los diez días sin instar la tasación, el Juzgado, de oficio y a cargo del demandado, liquidará las costas judiciales exclusivamente y, entregando a este último la diferencia, si la hubiere, archivará asimismo las actuaciones.

3. Cuando se reiterare tres o dos veces consecutivas el uso del beneficio a que las precedentes reglas se refieren no tendrá efectos enervatorios la consignación efectuada, a cuyo fin el actor podrá, en el curso del litigio, alegar dicha reiteración y practicar la prueba para acreditarla.

Artículo 129.

Cuando se accione de retracto el procedimiento será el del título XIX, libro II, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ajustándose a lo prevenido en la presente Ley.

Artículo 130.

Los juicios de embargo de bienes para pago de deudas nacidas de contratos de arrendamientos o de aparcerías, los de intervención de cosechas y los de aseguramiento de bienes agrícolas o pecuarios litigiosos se sustanciarán por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el ejercicio de las acciones de esta índole.

Artículo 131.

Los juicios no comprendidos en las normas anteriores se sustanciarán, sea cual fuere el Juzgado competente, conforme al artículo ciento veintisiete de esta Ley, por las normas del juicio de cognición con las siguientes particularidades:

a) El Juez, para mejor proveer, podrá acordar toda clase de pruebas, pedir antecedentes y asesoramientos y dentro de cinco días dictará sentencia.

Entre dichas diligencias para mejor proveer, si no se hubiera incorporado por los litigantes, el Juez podrá solicitar informe a la Cámara Agraria del lugar de situación de las fincas en los casos en que deban tenerse en cuenta los usos y costumbres locales, aun cuando la no solicitud de este informe no constituye vicio de procedimiento ni en su falta puede apoyarse el recurso de revisión.

b) El Juez o Tribunal tendrán en todo caso atribución plena para determinar la renta justa en cada caso sometida a su revisión o para establecer la cláusula de actualización de renta en los contratos que no la tengan sin que la solicitud de aumento impida pronunciar fallo rebajando la renta o lo solicitado sobre el particular y, viceversa, no siendo preciso que el demandado haga uso de la reconvención.

Artículo 132.

1. Las sentencias que dicten los Juzgados de Distrito serán apelables ante las Audiencias Provinciales, aplicándose a estos recursos las normas contenidas en la Ley diez/mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de junio. Las resoluciones que dicten las Audiencias no serán susceptibles de recurso alguno.

2. Contra las resoluciones que dicten los Juzgados de Primera Instancia podrán los interesados entablar recurso de apelación ante la Audiencia Territorial correspondiente. Estos recursos se interpondrán en el plazo de diez días ante el Juzgado que hubiere dictado la resolución y se tramitarán por las normas establecidas en la sección tercera, título VI, del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Contra las resoluciones que dicten las Audiencias Territoriales en cuantos pleitos conozcan por apelación y siempre que la cuantía no sea inferior a doscientas mil pesetas podrá entablarse en el término de diez días recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, debiendo inexcusablemente fundamentarse en alguna de estas causas:

Primera. Incompetencia de jurisdicción.

Segunda. Quebrantamiento de las formalidades esenciales del juicio, cuando hubiere producido indefensión.

Tercera. Infracción de ley.

Cuarta. Manifiesto error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas, siempre que este último resulte acreditado por la prueba documental o pericial obrante en autos.

4. El recurso de casación se preparará por medio de escrito presentado en la Audiencia Territorial dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo y se interpondrá y fundamentará, con firma del Letrado, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, dentro del término de quince días, concedidos por la Sala en la providencia correspondiente.

5. Interpuesto en forma de recurso, y recibidos los autos, la Sala ordenará que se entreguen éstos a las partes y al Ponente para instrucción por término de cinco días, a cada una, empezando por aquéllas.

6. Instruido el Ponente, se mandarán traer los autos a la vista con citación de las partes, señalando día para su celebración, a ser posible dentro del mes siguiente. Celebrada la vista, se dictará sentencia dentro de diez días.

Artículo 133.

Salvo el recurso contra providencias de mero trámite autorizado en el artículo trescientos setenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que será sustanciado y resuelto según dicho precepto legal, todos los incidentes, excepciones y reposiciones que pudieran plantearse en los procedimientos que se indican en los artículos anteriores habrán de ser resueltos necesariamente en la sentencia que recaiga sobre la cuestión principal, haciendo pronunciamiento previo sobre cada una de las cuestiones incidentales y absteniéndose de entrar en el fondo del asunto cuando la naturaleza de estos pronunciamientos previos lo impidiera.

Artículo 134.

1. En las sentencias que pongan término al juicio se hará pronunciamiento expreso sobre costas. Las de primera instancia se impondrán tanto en las que se sigan ante los Juzgados de Distrito como ante los de Primera Instancia, a los litigantes cuyos pedimentos fueran totalmente rechazados, y si sólo se estimaran parcialmente, cada parte abonará las causas a su instancia y las comunes por mitad.

2. En las apelaciones y en los recursos la Audiencia o Tribunal hará sobre las costas del recurso el pronunciamiento que repute justo, en consideración a si aprecia o no temeridad en el apelante o recurrente. Cuando el recurso se declare desierto se impondrán las costas al recurrente.

3. En los juicios de desahucio por falta de pago las costas se impondrán al demandado cuando se declare haber lugar al mismo o que ésta hubiera procedido de no mediar el pago o la consignación, y al actor en los demás casos.

4. En los pleitos que versen sobre aumento, reducción o exoneración de renta, si no se accediera a la petición, será preceptiva en todas las instancias la imposición de costas al demandante.

5. En los pleitos a que se refiere el artículo treinta y nueve, entablados para que por el Juez se añada al contrato de arrendamiento la cláusula de actualización, si el arrendatario se opusiera a su existencia será condenado en costas, y si se opusiere en cuanto al módulo para fijar la renta o su cuantía, se hará pronunciamiento sobre costas, pudiendo serle impuestas al demandante o demandado según la apreciación de la buena o mala fe del litigante.

6. En los litigios para fijar la renta a la porción de fincas sobre la que ha de recaer el arrendamiento por conversión de la aparcería las costas serán por mitad para ambos litigantes.

7. En lo pertinente se estará a lo dispuesto en el apartado dos del artículo ciento veintiuno.

Artículo 135.

Los procedimientos entablados y los recursos interpuestos al amparo de los precedentes artículos gozarán de los siguientes beneficios:

Primero. Serán de tramitación preferente tanto en los Juzgados de Distrito y de Primera Instancia como en las Audiencias Provinciales y Territoriales y ante el Tribunal Supremo.

Segundo. Cuando se inste una resolución judicial que haya de surtir efectos en el futuro, como en los casos de conversión de la aparcería, entre otros, podrá plantearse la acción inmediatamente con el fin de sustanciar el litigio antes de que se produzca la fecha en que debe alcanzar efectividad el pronunciamiento, aun cuando no se ejecute hasta que la misma llegue y siempre que no se mantengan las circunstancias que dieron lugar a la resolución.

Artículo 136.

1. En los casos en que se discuta la cuantía de la renta, el arrendatario deberá consignar previamente ante el Juzgado la pactada, de la cual podrá disponer el arrendador. Tratándose de aparcería, si fuera conocida la participación del cedente, deberá hacerse la consignación de la figurada con los mismos efectos que la renta. Si no fuera conocida o determinada el aparcero consignará o pondrá a disposición del cedente o que estime adecuado, pudiéndose hacer cargo de ello el propietario, sin que ello implique conformidad, y el Juez, en la sentencia que dicte, atendiendo a las circunstancias del caso, prevendrá lo procedente en cuanto a lo que debe ser objeto de consignación.

2. En los casos de revisión, reducción o condonación de renta el Juez podrá autorizar al arrendatario o aparcero a que consigne sólo una parte o dispensarle totalmente de consignar.

3. Los plazos de renta que venzan durante la sustanciación del pleito deberán ser consignados, bajo pena de tener por desistido de la reclamación o del recurso al arrendatario o aparcero.

Artículo 137.

En todo lo que no está especialmente previsto en este título regirán en materia de jurisdicción, como supletorias, las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las orgánicas de los Tribunales.

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES DE LOS ARRENDAMIENTOS

CAPÍTULO II PARTES CONTRATANTES

CAPÍTULO III FORMA Y PRUEBA DEL CONTRATO

CAPÍTULO IV DURACIÓN

CAPÍTULO V RENTA

CAPÍTULO VI GASTOS Y MEJORAS

CAPÍTULO VII SUBARRIENDO, CESIÓN Y SUBROGACIÓN

CAPÍTULO VIII TERMINACIÓN DEL ARRENDAMIENTO

CAPÍTULO IX FORMAS DE ACCESO A LA PROPIEDAD

CAPÍTULO X EXPROPIACIÓN

CAPÍTULO XI ARRENDAMIENTO PARCIARIO

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES DE LAS APARCERÍAS

CAPÍTULO II FORMA DEL CONTRATO Y VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES

CAPÍTULO III DURACIÓN

CAPÍTULO IV DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

CAPÍTULO V REVISIÓN

CAPÍTULO VI MEJORAS

CAPÍTULO VII EXTINCIÓN

CAPÍTULO VIII FORMAS DE ACCESO A LA ROPIEDAD

CAPÍTULO IX CONVERSIÓN DE LA APARCERÍA DE ARRENDAMIENTO

CAPÍTULO X EXPROPIACIÓN

JURISDICCIÓN EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS Y APACERÍAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN FINAL

 

Ir al Índice del curso

¿Estas pensando en vender una propiedad? Puedes crear un Anuncio de forma fácil y rápida en Portal Marruecos. Plataforma de Anuncios Clasificados para España –  Marruecos.

¿Te gustaría comprar un inmueble en España? Actualmente existe mucha oferta en España, eso es verdad… sin embargo una forma mucho más simple de encontrar exactamente lo que estás buscando, ahorrándote mucho tiempo y esfuerzo, es mediante un Personal Shopper Inmobiliario… si buscas una persona de confianza, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del siguiente formulario:

15 septiembre, 2019 3:57 pm